La Acta Federal de Igualdad en labor de Los Estados Unidos, requiere que los empleadores les paguen a sus trabajadores por todas las horas trabajadas y también todas las horas trabajadas de más de 40 en una semana a tiempo y medio. La ley cubre a todos los trabajadores, ya sean documentados o no.

Algunos empleadores que contratan a trabajadores indocumentados saben que pueden exigirle a los trabajadores, trabajar más de 40 horas en una semana y que pueden pagarles mucho menos del salario mínimo debido a que estos empleados tienen miedo de quejarse a base de su situación inmigratorio. Cuando los trabajadores indocumentados tratan de ejecutar sus derechos de ser pagados por los salarios mínimos y horas extras, a veces son amenazados por sus empleadores con llamar las autoridades de inmigración o con terminación de su empleo. Estas amenazas realmente detienen a los trabajadores de ejecutar sus derechos bajo la ley.

El Departamento de Labor (DOL), que impone la ley, sabe que los trabajadores indocumentados están especialmente sujetos a estas barreras para ejecutar sus derechos, y es pólice del DOL ejecutar la ley, sin importancia su situación inmigratoria. Los trabajadores también tienen derecho a iniciar juicios para ejecutar sus derechos y los de sus compañeros de trabajo de los salarios mínimos y horas extras. Los tribunales han reconocido que las represalias de los empleadores, ya sea en el lugar de trabajo o en las tácticas agresivas de litigio, no puede ser utilizado para “enfriar” la ejecución de los derechos a los salarios adeudados de sus trabajadores.

La ley sobre estándares laborales en las acciones de clase son juicios en los cuales uno, dos o más trabajadores hace demanda a nombre de todos los demás trabajadores de ese empleador que tienen reclamos similares, es decir, que fueron tratados en la misma forma injusta. Una vez que el tribunal está de acuerdo, otros trabajadores pueden “opt-in” o entrar a la demanda para ejecutar sus derechos. Cuando los empleadores desalientan a los trabajadores de elegir a participar en el juicio con la amenaza de despedirlos o llamar las autoridades de inmigración, esta es una forma de acción incorrecta descrita anteriormente. En estas situaciones, hay fuerza en números. Es más difícil tomar represalias contra 100 trabajadores de lo que está en contra de uno.

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